Las
Juventudes Socialdemócratas de El Salvador nos pronunciamos por un genuino Pacto
Fiscal y consideramos que los incrementos tributarios sólo son aceptables
cuando los funcionarios públicos demuestran racionalidad y mesura en el gasto de
los recursos de la población, y cuando dichos recursos se utilizan
eficientemente en beneficio de las mayorías.
Consideramos
que la actual propuesta de modificaciones fiscales impulsadas por el gobierno
del FMLN no puede denominarse a cabalidad una reforma fiscal y creemos que ha carecido del debate necesario,
pues no sólo la gran empresa privada paga impuestos en este país, y es una
realidad que los sectores de ingresos bajos y medios son los que proporcionalmente
llevan la mayor carga tributaria del Estado salvadoreño.
Vemos
con preocupación que las negociaciones para la aprobación de este paquete de
modificaciones fiscales en la Asamblea Legislativa parecen estar basándose
nuevamente en trueques por el control de las instituciones del Estado, como moneda
de intercambio que han utilizado históricamente las anteriores y las actuales élites
partidistas gobernantes.
Estamos
convencidos que la base tributaria debe ampliarse para que las finanzas de
Estado puedan tener un soporte mayor y caminemos hacia una menor dependencia de
la adquisición de deuda, pero no es tolerable que el actual gobierno pretenda seguir
cargando a los sectores de ingresos bajos y medios. En ese sentido, el impuesto
del % 0.25 sobre el excedente de $750.00
a las transacciones con cheques y tarjeta de débito, tal como está presentado, afectará
directamente a la micro y pequeña empresa salvadoreña a la hora de hacer sus
transacciones, así como a los sectores con menor capacidad adquisitiva.
Por
otra parte, consideramos que la reincorporación del impuesto destinado a
propiedades no productivas –impuesto que
fue eliminado en 1993 por el ex presidente Alfredo Cristiani- como lo son las
viviendas de recreación que superen los $350, 000 puedan gravarse con un 1%
sobre el excedente, es necesaria para avanzar en equidad social. También
consideramos adecuada una modificación a la Ley de Imprenta que data de 1888,
la cual actualmente permite que los periódicos no paguen IVA, arancel a las
importaciones, entre otros tributos, lo cual consideramos socialmente injusto.
Nos
pronunciamos porque en vez de hacer modificaciones fiscales como remiendos a
las arcas del Estado, se llame a un gran diálogo nacional, no sólo con la gran empresa
privada, sino con diversos sectores sociales y políticos, del cual salga una
verdadero, necesario e integral Pacto Fiscal, que surja con la suficiente robustez
social y política, para que los mismos personeros de las gremiales
empresariales no puedan seguir con argumentos que sólo buscan mantenerlos en
una situación de privilegio con respecto a sus responsabilidades tributarias.
San Salvador 30 de junio de 2014
