Por Lucía Sánchez
Entre
los días del 8 al 12 de diciembre se celebró la denominada semana de la
transparencia, en la cual se realizaron diversos eventos en el marco del día
internacional contra la corrupción, tanto por el gobierno a través de la
Secretaria de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción; y
también por organizaciones de la Sociedad Civil como el Consorcio por la
transparencia. A
propósito de dicha fecha, es de destacar que la corrupción puede ser comparada
con una epidemia, que no tiene ideología, no distingue izquierdas, derechas,
colores, partidos, banderas, consignas, himnos, y/o emblemas; corrupción es
corrupción venga de donde venga, y no sólo cuando la cometen los adversarios
políticos.
Es
interesante como muchos alardean y se adjudican el título de personas probas,
honorables, éticas o transparentes, entre muchos más calificativos que a la
clase política le gusta autoasignarse; digo que es interesante porque en El
Salvador el tema de la corrupción, como en muchos países del mundo, se pretende
combatir a través de discursos mediáticos, populistas, demagógicos y vacíos;
impulsando cuerpos normativos de “primer mundo” para combatirla, pareciendo no entender que este cáncer social no se resuelvo vía decretos, ya que pasan a ser
letra muerta cuando no se garantiza una imparcial y pronta aplicación de tal
legislación.
En nuestro país los
políticos se llenan la boca hablando sobre rendición de cuentas, transparencia,
austeridad, que tenemos una de las mejores leyes de Acceso a la Información, en
atacarse y sacar raja política-electoral sobre
indicios de corrupción del adversario político, y a la vuelta hacen lo mismo o
peor. Si bien es cierto que los gobiernos de ARENA se vieron implicados en una
gran cantidad de actos de corrupción (que son totalmente condenables,
repudiables, y deben ser judicializados, siendo el caso del ex presidente
Francisco Flores-Taiwán el más notable), el FMLN tampoco se salva de tener
impregnado este cáncer; sólo basta con echar un vistazo al caso diputado
Sigfrido Reyes- IPSFA.
Y se pueden mencionar otros casos emblemáticos como la negación de
información sobre los asesores de los diputados de la Asamblea Legislativa,
sobre los viajes del ex presidente Funes, los sobresueldos de ministros y otros
funcionarios del ejecutivo, sobre plazas fantasmas en dependencias del Estado,
sobre los exorbitantes gastos de la Corte Suprema de Justicia, aumentos de
salarios que se adjudican muchos Alcaldes y Alcaldesas, aumentos en gastos de
representación de Diputados del PARLACEN, sobre licitaciones de obras públicas
(como el SITRAMSS; en el pasado la construcción de la Diego de Holguín, ahora
Bulevar Monseñor Romero; construcción de hospitales, etc.), prebendas y amaños
que se hacen para elegir funcionarios de segundo grado, entre otros.
En ese
orden de ideas es menester destacar que la
corrupción no sólo es vista por infringir una norma jurídica de carácter penal
u otro. La corrupción no es sólo desfalcar un Estado, si no prevalecerse
de su cargo para obtener beneficios personales, entre muchas conductas más. Tal
vez no siempre exista el cometimiento de un ilícito penal en alguna acción o
decisión de algún funcionario público, pero evidentemente existe abuso de
poder, el cual se puede definir como un comportamiento reprochable de orden
ético como moralmente; el abuso de poder conlleva un uso excesivo, impropio,
injusto e indebido de alguien que se prevaleció de su cargo; incluso puede
verse como prevaricato (que sí es un delito tipificado en la legislación penal
salvadoreña), y es el delito que incurren los funcionarios públicos de
cualquier nivel que, a sabiendas de sus obligaciones y deberes al cargo que
desempeñan, las incumplen.
Nuestro país cuenta con una Ley de Ética
Gubernamental, un Tribunal de Ética Gubernamental, una sección de Probidad de
la CSJ, que deberían operar rigurosa, eficiente y eficazmente. El tema de la
ética no debe ser visto como algo sin importancia o de último plano, porque al
pensar así, nos convertimos en cómplices de la corrupción y de los corruptos;
ese tipo de pensamiento tolerantes hacia la corrupción son temerarios en un
Estado Constitucional de Derecho. Indudablemente el tema de ética debe ser
tomado con la debida seriedad y compromiso, porque de lo contrario seguiremos fortaleciendo la
corrupción. Por lo que ya no deben ser válidos comentarios y razonamientos como:
“si todos roban”, “políticos tenían que ser”, “si aquellos robaron, hoy que lo
hagan estos”, “si aquellos robaron millones y no dicen nada; y a estos que sólo
le dieron trabajo a sus familiares, ahí si hablan”.
A la ciudadanía es
importante recordarles que tengan cuidado con convertirnos en cómplices de la
corrupción; sólo porque el corrupto es familiar, amigo, compañero,
simpatizante, correligionario y/o miembro del partido de preferencia. Se debe demandar
de los funcionarios públicos mayor transparencia; ya que quien elige conscientemente
a corruptos, no es víctima, sino cómplice. A la clase política es necesario demandarles que se sean coherentes entre
su discurso y sus prácticas, que hagan las cosas diferentes y de manera
transparente. Corrupción es corrupción y, en honor a la coherencia, hay
que investigarla, reprocharla y condenarla venga de donde venga.
