Hoy se cumplen tres años de la toma de posesión del presidente Salvador Sánchez Cerén, y con ello, tres años de la promesa de un El Salvador productivo, educado y seguro, un El Salvador con crecimiento económico sostenido y generador de empleos de calidad, un sistema educativo inclusivo y de calidad, equidad social y seguridad ciudadana, promesas que contrastan con la realidad que día a día vive el pueblo salvadoreño.
Así mismo, durante su período se han presentado situaciones difíciles en el ejercicio de la gobernabilidad, en las cuales han destacado sus constantes ausencias en medios de comunicación y sus escasos pronunciamientos en temas que afectan a la nación, han sido realizados desde los Festivales del buen vivir, festivales cargados de tinte partidario y con un discurso de confrontación que debería preocuparnos, puesto que como presidente, debería buscar acercamientos genuinos con todas las fuerzas políticas.
Pese a la reducción en el índice de homicidios, que cerró el 2016 con 5,278 personas asesinadas, superado por el 2015 cuando murieron de forma violenta 6,656 según fuentes oficiales, la población se sigue sintiendo insegura y vulnerable ante los nefastos episodios de inseguridad pública, no sólo la perpetrada por el crimen organizado y las pandillas sino también la violencia ejercida por parte de elementos de las Fuerzas Armadas y los agentes de la Policía Nacional Civil violentando los Derechos Humanos.
En lo económico, según la CEPAL las perspectivas de crecimiento no son muy alentadoras, con una predicción de 2.2% al cierre 2017; sumado al pago de más impuestos, como el pago a las transacciones bancarias y el 5% a las telecomunicaciones que desincentiva a empresarios e inversionistas, tanto nacionales como extranjeros a no invertir en el país, y castiga a la sociedad salvadoreña, aumentando el costo de la vida, en detrimento de las oportunidades de mejorar la situación económica.
La crisis de impago, los altos niveles de endeudamiento, el retroceso en la categoría de la calificación de riesgo y con ello pérdida de confianza y credibilidad en el mercado externo, son producto de la falta de consensos y negociaciones por parte de las elites políticas, que anteponen sus interes políticos partidarios y electorales, antes que los nacionales.
La crisis del sistema de salud, problema que históricamente ha afectado a la población salvadoreña, ha sido abordado de manera equivocada, generando por un lado, un descontento en el sector médico, obligando a estos a organizar huelgas y abandonar sus puestos de trabajo para exigir el pago del escalafón, descuidando a los salvadoreños que acuden a hospitales nacionales por ser la atención gratuita y por otro lado el permanente desabastecimiento de medicamentos en las farmacias de todo el sistema de salud.
En materia de educación la panorámica no ha cambiado mucho en los últimos años, continuan los mismos programas sociales que evidentemente benefician a los sectores con menos recursos económicos. Sin embargo, la delincuencia sigue golpeando a estudiantes y maestros. La deserción escolar ha sido combatida por el gobierno con diferentes programas de educación flexible y acelerada, sin embargo, la calidad educativa no ha dado un salto cualitativo.
Todo lo anterior es el reflejo de los tres años del actual mandato presidencial de Salvador Sánchez Cerén.
Como Juventudes Socialdemócratas de El Salvador, respetuosos del estado de derecho nos unimos, no a cambios radicales que conduzcan a destino utópicos, sino a procesos graduales que poco a poco vayan generando, con paso firme, los cambios que mejoren las condiciones de vida del pueblo salvadoreño, por ello, instamos al gobierno y autoridades competentes a:
- La búsqueda de un verdadero consenso entre todas las fuerzas políticas, en aras de alcanzar un acuerdo, que permita realizar los ajustes y reformas necesarios, que brinden soluciones a los problema de bajo crecimiento económico, los constantes déficit fiscales y aumento elevado de la deuda pública; creando las condiciones necesarias para el crecimiento económico y atracción de la inversión extrajera directa como las medidas esenciales y eficaces que marquen el rumbo de una nueva etapa de estabilidad económica y progreso social.
- A que la austeridad no sólo esté presente en el discurso de los funcionarios, sino que sea un práctica generalizada, recortando gastos que no sean necesarios para el eficiente funcionamiento de la administración pública, y que la transparencia no sea vista como un arma contra los funcionarios sino como una instrumento que permita la participación ciudadana y construyamos juntos un El Salvador democrático.
- A que la seguridad pública sea abordada con estricto apego al respeto de los Derechos Humanos y que por ningún motivo se arme a la sociedad civil en grupos de autodefensa. La obligación del Estado por la seguridad no debe ser concesionada ni mucho menos privatizada.
- A que los presupuestos asignados a seguridad pública estén estructurados de manera que la represión no sea la única vía de contención de la delincuencia, sino también la prevención, la atención primaria a grupos vulnerables y el reparo moral de las víctimas.
- A que se separe de su cargo a aquellos funcionarios en el ramo de Seguridad Pública y Defensa Nacional que irrespeten o permitan que sus funcionarios jerárquicamente dependientes irrespeten los Derechos Humanos en el ejercicio de sus funciones y sean procesados, investigados y condenados.
Juventudes Socialdemócratas de El Salvador
San Salvador, 1 de junio de 2017
