“Lo sospeché desde un principio”


Por Any Aguilar
@anaevange


A inicios de este año, en una ocasión comenté que a mi me gustaría saber, a quién defendía el Fiscal General de la República, ya que nunca me he sentido representada por ninguno de los que han ostentado ese cargo.

La Fiscalía General de la República de El Salvador, según la Ley Orgánica que la rige, es la que posee las competencias de defender los intereses del Estado y de la sociedad; dirigir la investigación de los hechos punibles y los que determinen la participación punible; promover y ejercer en forma exclusiva la acción penal pública, de conformidad con la ley; y desempeñar todas las demás atribuciones que el ordenamiento jurídico les asigne a ella y/o a su titular.

O sea que el Señor Fiscal de la República tiene que cumplir, no solo con lo anterior sino que además debe de “ser chero, conocido, recomendado, de los diputados”; deberá simpatizar por lo menos con 3 partidos políticos; entre otros… pero eso si, no necesariamente tiene que ser un buen abogado –como lo dijo esta mañana en la entrevista de Frente a Frente el diputado Antonio Almendáriz- .

El Artículo 193 de la Constitución de la República de El Salvador menciona, entre varias responsabilidades, que el Fiscal General debe: “Denunciar o acusar personalmente ante la Asamblea Legislativa o ante la Corte Suprema de Justicia, a los funcionarios indiciados de infracciones legales cuyo juzgamiento corresponde a esos organismos”.

¡Aja! Entonces, que alguien me explique, ¿dónde estaba el Fiscal? cuando en agosto de 1999 el gobierno desembolsó 10 millones de colones a unos 5 mil expatrulleros en calidad de ayuda por la tormenta Mitch. ¿De dónde salieron los 10 millones de colones? El ministro de Hacienda, José Luis Trigueros, reveló que los 10 millones fueron extraídos de la partida de imprevistos del presupuesto general de la nación. El presidente Francisco Flores dijo desconocer los hechos, como si eso eximía a su gobierno de pedir una investigación y castigar a los culpables.

O dónde estaba el Fiscal en mayo de 2002, cuando la Prensa Gráfica reveló que el vicepresidente de la Asamblea, y diputado de ARENA, Julio Gamero, destinó a uno de los empleados de ese Órgano del Estado para trabajar en una propiedad suya ubicada en el departamento de La Libertad. El diputado aceptó los hechos esgrimiendo que el empleado trabajaba en labores de vigilancia. Además se escudó señalando que otros legisladores hacían lo mismo, incluyendo al mismo presidente de la Asamblea. Al final fue archivado el caso.

Pero bueno, siempre el Articulo 193 de la Constitución dice que el Fiscal General deberá:“Defender los intereses fiscales y representar al Estado en toda clase de juicios y en los contratos sobre adquisición de bienes inmuebles en general y de los muebles sujetos a licitación, y los demás que determine la ley”.

¡Aja! Otra vez, ¿dónde estaba el Fiscal? en marzo de 2001 cuando la empresa Talleres Moldtrok, ganó una licitación de proporcionar municiones a la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP), a pesar de que no contaba con licencia para importar armas ni municiones; y que siempre, a inicios de marzo de 2001, se conoció que la empresa introdujo al país de contrabando un cargamento de municiones, del cual una parte era para la ANSP.

¿Y en las licitaciones del MOP entre los años 1998 al 2001? … ¿ Y los otros casos que no han salido a la luz pública? ....siempre me pregunto ¿dónde estaba el Fiscal de la República?

Podría seguir enumerando muchos de los casos que se han dado en nuestro país en las últimas décadas; pero… ¿de qué me sirve si esos fiscales ya no están? Además a estas alturas, ya todos los salvadoreños hemos aceptado que en nuestro país no veremos juzgamientos de funcionarios, ya que no existe fiscal que nos represente, que fiscalice, y mucho menos existe la famosa “voluntad política”.

Ahora bien, el Art. 3, del Reglamento Especial de la Fiscalía General de la Republica, menciona que: “…, el Fiscal General en el ejercicio de sus atribuciones, no podrá ser impedido ni coartado por ninguna autoridad.” De hecho, en este Artículo también se menciona la independencia que dicho titular deberá de tener de los Órganos del Estado.

¡Claro! que eso es pedir que manden hacer al Fiscal a Ilobasco. Y precisamente, eso a lo mejor y funciona; porque ya para mañana tendremos el nombramiento de un nuevo Fiscal General de la República, el cual ha sido “negociado”, mandado a hacer, en el seno de una subcomisión en la Asamblea Legislativa; y donde el mismo Presidente del Parlamento, Sigfrido Reyes, aclaró a la Prensa Gráfica que “… existen opiniones encontradas en tema elección fiscal y buscamos una salida política”       

¡¿Qué?! ¡…Salida política…! Noooombre Señor diputado presidente, no nos lo diga tan directamente. ¡Señores diputados disimulen, por favor! Pero bueno… Ya lo dijeron. Ya lo sabíamos. Tendremos a un nuevo Fiscal, “negociado”, que les caiga bien a los diputados;  y el cual, por cierto, ha sido sometido a un cuestionario (que no hemos visto) de 5 preguntas.

Le habrán preguntado: ¿Qué hubiera hecho él en los casos anteriormente citados?; o ¿Qué si conoce de alguno de los 84 (y los intereses que algunos representan) que cometa algún delito, no debe de “hacerse del ojo pacho”?; o ¿Si está preparado para defendernos de un Narco Estado?...

A mí, me hubiera gustado preguntarle esas, y otras dos más… y no sólo preguntarle si las quiere de queso o revueltas.    

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