La actual situación de violencia ha puesto de manifiesto que de continuar el repunte de crueldad, complejidad y cantidad de actos delictivos, sin que desde el Estado comience a ponerse un freno, El Salvador estaría cada vez más cerca de convertirse en un Estado fallido.
Cualquier decisión que se tome para enfrentar esta situación debe gozar de un consenso entre las principales fuerzas vivas del país, ya que su éxito dependerá fundamentalmente del grado de implicación y unidad que adopten los actores políticos alrededor de estas medidas.
Todos los actores del Estado, especialmente los partidos políticos, deben tomar acciones en conjunto, intentando dejar atrás el protagonismo con fines electorales.
Ante una situación tan apabullante, nadie puede erigirse ni pretender aparecer como el paladín de la sabiduría ni de las recetas mágicas para solucionar el grave problema de seguridad pública que enfrentamos, por lo que la sabiduría de cualquier decisión se encontrará principalmente en el grado de consenso que ésta logre.
Ni los excesivos mano durismos ni garantismos podrán sacarnos de esta situación, ya que ninguna realidad dinámica y compleja puede ser cambiada desde posiciones ideológicas petrificadas, que buscan revestirse de una coraza de falso cientifismo o exacerbado pragmatismo.
Por lo tanto:
Apoyamos la medida de tipificar (criminalizar) la pertenencia a la mara y sus expresiones de identidad. La mara no es una organización que busque fines lícitos ni legítimos. La pertenencia a este tipo de organización no tiene ningún otro objetivo que no sea el de controlar, amedrentar y aterrorizar a la población salvadoreña en sus comunidades.
Exhortamos a que se inicie urgentemente una campaña de desarme de la sociedad civil, dejando que las armas de fuego se encuentren bajo el monopolio de las instituciones del Estado, y que las empresas de seguridad privada se encuentren debidamente controladas y reguladas por éste. El despliegue del Ejército debe servir, entre otras cosas, para ejecutar un plan de absorción de armas de fuegos en manos de las redes criminales.
Proponemos que la actividad de los reos en los centros penitenciarios sea regulada de manera más estricta, y que los fines de socialización de la pena sean aplicados bajo las medidas de restricción que sean necesarias para no permitir que las penitenciarías se vuelvan centros de mando y operación logística del crimen organizado.
Exigimos que se enfrente al narcotráfico y los delitos de cuello blanco con el mismo ahínco que a las maras, desmantelando las rutas territoriales e institucionales que les permiten vincularse con las pandillas, y que los convierte en parte de una compleja madeja de barbarie y desprecio total por la vida y la dignidad humana.
Miembro de las Juventudes Socialdemocratas de El Salvador
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