Transparencia en financiamiento electoral y seguridad pública

“La posibilidad de convertirnos en un narcoestado estará abierta de par en par, mientras no se regule el financiamiento privado de los partidos políticos. La actividad proselitista en sí misma puede convertirse en un mecanismo eficaz de lavado de dinero, debido a la carencia de control en los fondos privados que los partidos utilizan para la realización de ésta[1]”, es una tesis planteada por la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador, cuya importancia radica más que en su novedad, en ser un llamado de crucial importancia desde la academia para la supervivencia del sistema político pluralista y el proceso cívico democrático iniciados en enero de 1992.
En nuestro diseño constitucional, el órgano legislativo es una de las fuentes al que cualquier organización de poder, criminal o no, quiere llegar si lo que pretende es avanzar en el control de buena parte de la institucionalidad del Estado. A esa fuente –hasta las elecciones de 2009- solamente se podía llegar a través de los partidos políticos, y muy probablemente éstos continuarán siendo el principal vehículo de acceso a la Asamblea Legislativa, lo cual los convierte en los principales instrumentos ha utilizar por las redes de narcotraficantes para acceder al órgano fundamental de Estado que elige a la mayoría de liderazgos de los órganos de poder público.
 
 
El Legislativo tiene a su cargo la elección de los máximos responsables del Ministerio Público (Fiscal General, Procurador General, Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos), Presidente y Magistrados de la Corte de Cuentas, Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, Concejales del Concejo Nacional de la Judicatura, etc., conformando así una de las redes de órganos públicos más amplia y poderosa del Estado salvadoreño. En general, lograr ese nivel de control político es la aspiración legal y legítima de cualquier partido político, pero ese no es el problema, sino la ausencia de control y transparencia en el financiamiento de las campañas electorales, punto que da el click a todo este entramado.

El Salvador no cuenta con legislación específica para controlar ni transparentar las finanzas de los partidos y las campañas electorales, ni tampoco ha contado con una ley de acceso a información pública, cuestión que si bien está siendo resuelta en estos momentos, debe esperar para constatarse su efectividad cuando entre en operación. Mientras tanto, las instituciones llamadas a ejercer dicho control de manera general, como la Corte de Cuentas de la República, la Fiscalía General o el mismo Tribunal Supremo Electoral, han ejercido un control débil por no decir nulo sobre el financiamiento de los partidos, tanto en período no electoral como en campaña.

No existen tampoco organizaciones sociales que se encarguen directamente de monitorear los recursos utilizados por los partidos, más allá de algunos esfuerzos pioneros como los de la Fundación Nacional para el Desarrollo Económico y la Iniciativa Social para la Democracia, el control por parte de la denominada sociedad civil continúa siendo aislado y de bajo impacto. Sin embargo, el sistema político salvadoreño ya cuenta con antecedentes ampliamente conocidos de incrustación de las redes de narcotráfico en su seno, específicamente pueden traerse a colación los casos emblemáticas de dos diputados de partidos y legislaturas distintas, cuyos procesos penales curiosamente han sido fundamentalmente llevados o iniciados por la justicia estadounidense y no por la salvadoreña. 

El financiamiento de las campañas electorales de los concejos municipales tampoco es menor, pues mientras a través desde la Asamblea Legislativa puede penetrarse instituciones estatales para que operen más bien a favor que en contra del crimen organizado, a través de los alcaldes y sus concejos municipales, se consolida el control y el libre paso en el territorio, siendo prioritarios aquellos municipios con salida al mar, los fronterizos y aquellos de obligada ruta para acceder éstos. Por su parte, el Ejecutivo en nuestro esquema constitucional tiene a cargo la seguridad y la defensa nacional, insituciones designadas directamente la lucha contra el crimen, por lo que es de suma importancia tener claro quiénes, con cuánto y de dónde procede el financiamiento de una campaña presidencial.

Otro elemento a tomar en cuenta es la reciente resolución de la Sala de lo Constitucional en la que se consideran constitucionales las candidaturas no partidarias para las diputaciones, pues con dicha modificación se abre otra opción que puede ser utilizada como nuevo vehículo de ingreso del narcotráfico. Sin embargo no se debe caer en la exagerada e interesada interpretación que hacen algunos líderes partidarios, al decir que estas candidaturas son propicias para ser penetradas por el narcotráfico. El sistema de partidos antes de dicha resolución ya era penetrable, pues el punto crítico no es el mecanismo o vehículo de acceso al cargo público, sino la ausencia de control y transparencia sobre los recursos económicos que utilizan los candidatos, partidarios o no, para realizar su campaña.

Se suma otro punto importante, más relacionado con la cultura política y que amerita su propio análisis, como es el tipo de campaña que ofrecen los partidos y que premia la población con su voto, pues mientras las campañas electorales se fundamenten más en el marketing (tv spots, cuña radial, imagen, slogan, etc.) y la clientela (especies como contraprestación por el voto, dinero, recursos estatales, etc.), y menos en la propuesta política programática (plataformas, planes de gobierno, principios ideológicos, políticas pública en específico, etc.) y el debate de candidatos sobre sus propuestas, entonces probablemente las campañas electorales muestren un tendencia ascendente en su costo económico, y en ese sentido la urgencia de algunos candidatos por ganar, puede llevar a que se involucren con las organizaciones y los recursos provenientes del narcotráfico.

Para finalizar, es importante decir que usualmente los primeros síntomas visibles y escandalosos que un sistema político cívico-democrático muestra cuando ha comenzado a retroceder ante las organizaciones del narco, es cuando la libertad de expresión e información comienzan a minarse. Siendo primordialmente periodistas de investigación -como ha sucedido en algunos estados de México- los primeros mártires en una guerra contra las drogas, que no sólo debe lucharse desde una perspectiva policiaco-militar o que quizá no deba ser asumida como una guerra por parte de los gobiernos cívico-democráticos.

Es crucial terminar remarcando el llamado de urgencia sobre la relación que existe entre la ausencia de regulación y transparencia en el financiamiento de partidos políticos y campañas electorales, y la posibilidad de ser ampliamente infiltrados por organizaciones criminales ligadas al narcotráfico, siendo el financiamiento electoral una herramienta muy eficaz para controlar la institucionalidad y el territorio de Estados que cada vez ceden mayor espacio al poder fáctico de las organizaciones narcotraficantes.

Marlon Anzora

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